José Manuel Balmaceda puso fin a su vida a las ocho de la mañana del 19 de septiembre de 1891. Se recostó en su cama de la legación argentina en Santiago (su refugio desde que dejara el gobierno a fines de agosto) y se disparó un tiro de revólver en la sien derecha. Escogió, como le había anticipado a su anfitrión, la vía del "sacrificio", pues no quería rendirse ante sus enemigos, huir del país ni padecerlas humillaciones que estaban sufriendo sus partidarios.

El suicidio de Balmaceda fue el cierre trágico de la Guerra Civil de 1891, el episodio de violencia interna más sangriento de la historia republicana de Chile. Un conflicto que, no obstante haber sido estudiado desde distintos ángulos, "sigue siendo un enigma historiográfico todavía por dilucidar", como han escrito los autores de Historia del siglo XX chileno. Ahora el historiador Alejandro San Francisco aborda una perspectiva que no ha sido explorada: "el factor político-militar". En los dos tomos de La Guerra Civil de 1891, el autor desarrolla lo que llama las "dos caras complementarias" del punto de vista que propone. Por un lado, dice, se produjo la politización del Ejército, "que antecedió al estallido de la Guerra Civil y que tuvo múltiples manifestaciones públicas durante 1890". Por otro, tuvo lugar una progresiva militarización de la vida política, "que llevó a los sectores del gobierno y de la oposición a mirar hacia los cuarteles para resolver una pugna originalmente política". Todo en medio de un odio creciente que polarizó y tornó irreconciliables las posturas.

Lo ocurrido en 1891 ha sido interpretado como la manifestación de un choque entre el presidencialismo del Ejecutivo liderado por Balmaceda y el parlamentarismo del Congreso. La Guerra Civil de 1891 expone una certera, amena y documentada mirada con elementos de análisis complementarios a los que se han usado típicamente para explicar el conflicto. Se trata, según el profesor de la Universidad de Oxford Alan Angell, de "un texto esencial".

Militares y política

Pese a que los militares desempeñaron un rol importante en el quehacer político chileno durante el siglo XIX, el país estuvo lejos del militarismo. Aunque todavía jugaban un papel clave como gobernadores e intendentes y también como instrumentos de intervención electoral, la tendencia hacia 1890 apuntaba a acentuar el carácter no deliberativo de los uniformados. Pronto, sin embargo, las cosas cambiarían.

La práctica del gobierno, las recurrentes crisis de gabinete, el obstruccionismo del Legislativo (donde Balmaceda perdió la mayoría en 1889) y la influencia que en él ejerció su amigo Julio Bañados Espinosa, hicieron que el Presidente comenzara a resistir la interpretación de la Constitución de 1833 que apuntaba hacia la consolidación de un "parlamentarismo consuetudinario". Esta actitud lo puso en curso de colisión con el Congreso. El enfrentamiento hizo crisis en enero de 1890, con la designación, sin consulta al Legislativo, del ministerio encabezado por Adolfo Ibáñez. El gabinete, además, incluía a un militar, el general José Velásquez, en la cartera de Guerra.

La consecuencia del nombramiento de Velásquez fue la politización del Ejército, paradójicamente justo en momentos en que la intención oficial era profesionalizarlo a través de la llegada, en 1885, del instructor prusiano Emil Körner. Según San Francisco, "a medida que el enfrentamiento entre los poderes del Estado se hizo evidente, tanto el gobierno como la oposición buscaron acercarse especialmente al Ejército, con el objetivo de contar con un respaldo militar a sus respectivas posturas". El proceso cobró intensidad a lo largo de 1890: hubo actos políticos con participación de militares, designación de oficiales en cargos ministeriales, planificación de golpes de Estado, proselitismo en cuarteles, contactos políticos con uniformados con propósitos partidistas. En fin, los militares comenzaron a deliberar y a abanderizarse con el Congreso o el Ejecutivo: el Ejército estaba dividido. Mientras Velásquez y el general Orozimbo Barbosa destacaban en el bando gobiernista, los coroneles Estanislao del Canto y Jorge Boonen Rivera figuraban en la oposición.

La crisis entró en etapa terminal en octubre, con la designación, nuevamente sin la anuencia del Parlamento, del gabinete liderado por Claudio Vicuña. Luego de un infructuoso intento de ambos bandos por atraer a su causa al general Manuel Baquedano, la vía política quedó cerrada.

El impasse producido por la falta de aprobación de las leyes periódicas de 1891 fue el telón de fondo para una rivalidad que pronto llegaría a las armas. Mientras Balmaceda no dudaba de que las Fuerzas Armadas cumplirían con el principio de obediencia al Presidente de la República, sus adversarios repetían que los militares no debían acatar órdenes de un gobierno que había caído en la ilegalidad y que, sin ley que fijara las fuerzas de tierra y mar, técnicamente no había Ejército ni Armada.

La política se había militarizado. "Nadie quería la guerra civil, pero todos se preparaban concienzudamente para ella. Todos apelaban a la Constitución y las leyes, pero el gobierno y la oposición estaban dispuestos a pasar sobre ellas en cuanto fuera necesario", apunta San Francisco.

Guerra y desenlace

Dos días después de que, el 5 de enero, el gobierno diera por aprobado para 1891 el presupuesto del año anterior, la Marina se sublevó en Valparaíso, recibiendo apoyo de parte del Ejército. Balmaceda respondió, tomando el poder total y denunciando a los revolucionarios, liderados por el almirante Jorge Montt.

La situación decantó hacia la victoria del bando congresista. Las fuerzas presidencialistas sufrieron numerosas deserciones y fueron derrotadas en agosto de 1891 en Concón y Placilla, lo cual abrió las puertas de Santiago a los revolucionarios. Balmaceda se encerró en la legación argentina y cedió el poder a Baquedano, quien ejerció un brevísimo interinato y entregó el mando a los rebeldes; éstos pusieron a cargo a Montt. El conflicto trajo consecuencias duraderas. La más obvia fue la instauración del sistema parlamentario. Más sutil, pero quizás más importante en el largo plazo, es el efecto que explica San Francisco sobre la manera en que los militares y los civiles concibieron el rol de las Fuerzas Armadas desde 1891.

La derrota de Balmaceda fue también la de su interpretación de la obediencia a todo evento de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República en cuanto comandante supremo. A su vez, la victoria del Congreso fue también la de su idea de que los militares pueden rebelarse contra un Ejecutivo ilegítimo, "porque primero está el país y sus instituciones y luego un gobierno que es necesariamente temporal". Por supuesto, esto entrega a los uniformados un rol como custodios de la institucionalidad, lo que los obliga a deliberar sobre la legitimidad de un gobierno cuestionado. Como dice San Francisco, "es posible que esta doctrina haya sido un antecedente fundamental en las intervenciones militares de 1924-25 y de 1973". Eso, sostiene el autor, "es materia de otra investigación". En vista del excelente resultado que alcanza en La Guerra Civil de 1891, nadie más indicado que él para emprenderla.

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